La justicia en Colombia, un ‘cara a cara’ con la muerte

No menos de 1.250 funcionarios de la Rama Judicial  han sido víctimas de atentados perpetrados por grupos al margen de la ley. Muchos de ellos perdieron su vida en un agónico esfuerzo por impedir que la impunidad impere en el país.

Juzgado Penal Municipal de San Bernardo durante una audiencia de imputación de cargos a presunto violador. Foto por Juan Lugo

Parte de la historia de Colombia está relacionada con el conflicto armado, la disputa entre conservadores y liberales, el surgimiento de las guerrillas o la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Por todo lo anterior, y más, el país cafetero ha tenido que sortear un sinfín de situaciones que le han dejado contra las cuerdas en materia de seguridad.

Los actores armados han encontrado la forma de utilizar su poderío para impedir que los operadores judiciales puedan llevarlos ante la justicia: en algunas ocasiones, valiéndose de su músculo económico; en otras, infiltrando las instituciones; pero, lastimosamente, en la mayoría de los casos se han inclinado por el uso intimidatorio de la fuerza. En la actualidad, aproximadamente 1.286 magistrados y jueces son amenazados para entorpecer la majestad del aparato judicial.

Es posible determinar que entre 1989 y 2015, 308 funcionarios fueron asesinados, mientras otros 608 resultaron amenazados tras proferir una resolución acusatoria o veredicto condenatorio. El trabajo de un verdadero defensor de la justicia es más complejo de lo que se cree, “en ocasiones culminar con éxito una investigación puede representar perder la vida”, relató Danilo Devia, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República; quien de peso resaltó que el interés colectivo debe primar sobre el personal.

“En el mundo jurídico hay dos caminos: se pueden hacer las cosas de la forma fácil o se pueden hacer las cosas bien; pero hay que tener presente que la segunda opción es a costa de la vida de uno, y lo más grave, de nuestros seres queridos” (sic): Danilo Devia, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Devia, por ejemplo, escogió el derecho penal debido a su potencial lucrativo: “No voy a decir mentiras”, indica el exmagistrado… Primero se piensa  en conseguir dinero, casas, carros, una mejor vida; es con el andar  que se hacen evidentes las implicaciones de involucrarse con el derecho penal, en un país como Colombia: donde sólo en 1998 ciento veintisiete  funcionarios de la rama fueron víctimas de atentados. 

Argumentación jurídica a cargo de la abogada acusadora, en la que se solicita condena intramural. Foto por Juan Lugo

Un alto cargo del ámbito judicial en Colombia implica convertirse en blanco de potenciales agresiones. El destierro se convirtió en el pan de cada día. Masacres, secuestros y atentados dirigidos a funcionarios y familiares, “cohíben las determinaciones que ellos sancionan”, acotó Elizabeth Cuitiva, docente de Psicología en la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya (FUNDES); no es fácil decidir si alguien es culpable o inocente si le están apuntando a un familiar a la cabeza. 

La impunidad ha sido una constante; es infructuoso que veinte personas, “a costa de su vida”, dejen todo en un estrado para llevar a los delincuentes a donde deben estar, si contemporáneamente el Estado permite que se creen nexos entre sus Fuerzas Armadas y grupos al margen de la ley. “El gobierno tiene gran responsabilidad por la situación de la nación -sentencia Devia -, durante décadas matándonos, y nunca ha hecho nada” (sic).

 La Justicia se convirtió en un blanco cuando los victimarios notaron que el miedo era el recurso más eficiente.

En cierta medida es comprensible que los encargados de determinar el futuro de los victimarios sientan temor, ¿cómo no sentirlo? “Vivimos en un país en el que se mata a alguien por un celular, por dos mil pesos”, expuso Jesús Correa, boxeador de alto rendimiento; entonces, ¿qué le pueden hacer a alguien por un caso que implica cuarenta años de cárcel o varios millones de dólares?

A pesar del arredramiento y de las precauciones tomadas, centenares de funcionarios judiciales perdieron la vida por su apostolado en pro de la justicia. El Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (FASOL) ha hecho una recopilación minuciosa durante los últimos veintidós años, en la que se evidencia la gravedad de la situación. Es plausible la conducta de quienes dejan su existencia en el fervor de la lucha por un mejor país.

Elkin Otero, comerciante de la ciudad, manifiesta una percepción bastante rígida frente al fenómeno, porque aunque muchos coinciden en que el aparato judicial no funciona de forma idónea debido a las problemáticas culturales propias del país; a contrario sensu, Otero indica que “el funcionamiento del aparato judicial debe ser objetivo”, independientemente de las situaciones personales que puedan afectar la toma de decisiones de un juez.

“Todas las personas tienen exactamente el mismo valor. Un juez no puede encontrar más valiosa la vida de su esposa que la de quien es asesinado por una cartera”: Jesús Correa, boxeador de alto rendimiento.

Es una realidad que Colombia ha sido cuna de crepúsculos de violencia; el rojo de su bandera no refleja con precisión la cantidad de sangre derramada por quienes, al igual que Ricaurte, el héroe de San Mateo, consideran que el deber está antepuesto a la vida. Devia, en su relato, indicó que durante más de una década expuso su vida y la de los suyos por la justicia de un país que jamás se preocupó por su bienestar. 

Dictamen del fallo en el juicio en donde se determina dejar al acusado en libertad por falta de evidencias verídicas contra el acusado. Foto por Juan Lugo

Balance de seguridad para los funcionarios judiciales

Independientemente de las opiniones divididas, existe un problema estructural en Colombia compuesto por elementos tanto de índole cultural, como de ética profesional, reflejado en los registros de FASOL: ciento veintinueve atentados, cuarenta desapariciones forzadas, cuarenta y cinco secuestros, treinta y nueve exilios, treinta y cinco desplazamientos forzados; son la prueba fehaciente de que “el ejercicio del derecho penal en Colombia es pactar una cita con la muerte”, según relató el abogado del Juzgado Municipal 003 Penal de Girardot, Carlos Ortega. 

Concluyendo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, luego de un proceso analítico exhaustivo de los 1.487 casos registrados entre 1979 y 2009, determinó que “los actores asociados al conflicto armado interno -miembros de grupos guerrilleros, paramilitares, agentes estatales o narcotraficantes- fueron los principales responsables de los ataques contra funcionarios judiciales” (sic). Lo que indica que el país está de cara a un fenómeno social real, y un problema real, requiere soluciones reales.

Etiquetas: Judicial, Nuevos métodos de seguridad, Éxodo de víctimas, Guerrilla y tierra

Caricatura por Juan Lugo
                                                                                                              Infografía por Juan Lugo

Por Juan Lugo, Luis Suárez

Un comentario en “La justicia en Colombia, un ‘cara a cara’ con la muerte

  • el 16 mayo, 2019 a las 12:03 AM
    Permalink

    Es un tema de interés y pertinente a la situación en la que está sumergida el país. La profesión de litigantes es tan relevante como la de un médico, sin embargo, la exposición es diferente puesto que el riesgo personal es latente. Muchos queremos justicia pero poco o nada nos preocupamos de quienes están encargados de hacerla, es difícil aceptar que profesiones tan relevantes en ocasiones sean coartadas por el bien de unos pocos y que se deba estar jugando con la vida por el simple hecho de ejercer su labor a consciencia. El artículo es cautivador, precisa en muchos aspectos y hace reflexionar sobre la relevancia de ejercer una profesión con ética y el olvido en el que muchos profesionales están por parte del Estado.

    Respuesta

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *