La educación colombiana en la reforma constitucional de 1991, una visión desde los derechos humanos

Walter Bustos, Abogado y docente de Uniminuto Girardot.

La evolución del Estado colombiano, en lo que tiene que ver con el cumplimiento y garantía de los derechos económicos, sociales culturales, está fundamentada básicamente en la reforma constitucional de 1991. El texto constitucional contiene reglas y principios para la descripción, organización y  funcionamiento de las entidades e instituciones que se desprenden del Estado;  así  como  los  deberes, derechos y mecanismos para su protección. Con la Carta Política, que reemplazó a la de 1886, se dieron las bases de la organización del Estado colombiano, los lineamientos para su funcionamiento y los fundamentos de interrelación del Estado con las personas. La concepción adoptada por la Constitución Política de 1991 fue la del Estado Social de Derecho, que desplazó la idea liberal del Estado de Derecho, que sólo garantizaba y daba relevancia a los derechos civiles y políticos como las libertades de expresión, religión y locomoción, y los derechos a un juicio justo, al voto y a la representación, para incluir herramientas jurídicas que aseguraran la efectividad de los derechos. Se buscó dejar, en teoría, la idea de Constitución enunciativa que sólo contuviera un listado de derechos disponibles para todos, dentro de los cuales la educación tuvo un papel protagónico en pro de fortalecer el crecimiento y el desarrollo del Estado en todos sus aspectos.

El artículo 1 de la Constitución consagra que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la  integran y en la prevalencia del interés general. Así las cosas, el Estado colombiano tiene la responsabilidad de hacer que se cumplan sus postulados constitucionales, siendo el derecho a la educación el pilar que debe soportar el desarrollo nacional para cumplir con esos preceptos. La pretensión de la nueva Carta Magna en temas de enseñanza  consistió en la búsqueda de la materialización del Estado Social de Derecho; pero si bien es cierto que el derecho  a  la  educación al pertenecer al bloque de los derechos de segunda generación tiene la característica de ser progresivo  en cuanto a su cobertura, calidad y desarrollo, las políticas públicas tomadas en torno de él deberían manejarse dentro de un esquema prioritario, ya que éste contribuye de manera importante en el cumplimiento pleno de los derechos fundamentales. El basamento y la idea de Estado, la manera en la que ha de desarrollarse y cumplir sus fines se establece en el artículo 2 de la Constitución, en el que se encuentra determinado promover  la  prosperidad  general,  lo cual debería lograrse a partir de la educación.

El  derecho  a  la  educación  y  los  derechos  conexos a fundar establecimientos educativos, a participar en la gestión de los planteles educativos, a la idoneidad de los docentes, a escoger la educación  de  los  hijos  menores  y  a  recibir  una educación acorde con la propia cultura y las limitaciones o capacidades propias de cada individuo, se  encuentran  consagrados  en  la  Carta Constitucional de  Colombia  de  1991  en  sus artículos 67 y 68; sin embargo, también se determinan otros derechos que son complementarios a los anteriores y que hacen  parte de los derechos  económicos, sociales y culturales; entre ellos, encontramos el derecho a la autonomía universitaria (artículo 69), el  derecho a acceder a  la cultura y sus beneficios en igualdad de oportunidades (artículo 70). La Constitución de 1991 amplió significativamente los fines del Estado colombiano para incluir consideraciones de naturaleza social, en el marco del Estado Social de Derecho; en consecuencia, protege un amplio catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales muchos de ellos tienen una relación directa con la educación y que podemos entender al revisarlos individualmente.

Los  derechos  de  la  familia  consagrados  en  el  artículo  42,  hacen  alusión  a  que  los  padres deberán  sostener  y  educar a sus hijos  mientras sean menores o impedidos; el artículo 44 determina los derechos económicos y sociales fundamentales de los niños, dando también a la educación y la cultura la importancia debida; el artículo 45 brinda a los adolescentes las garantías para su  participación en organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Además, la Constitución en su artículo 46 proporciona garantías para la protección de las personas con discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, a quienes se prestará la atención especializada que requieran; lo que incluye también el soporte debido para su educación.

Ahora bien, los derechos al trabajo en condiciones dignas y justas, también incluyen lo pertinente a capacitación laboral y las garantías debidas para el crecimiento y fortalecimiento de las entidades educativas a través de la autonomía universitaria y el derecho a acceder a la cultura y sus beneficios en igualdad de oportunidades y condiciones.

Como se ve, el catálogo de derechos económicos, sociales y culturales es bastante amplio; con todo y ello, de entrada, cuenta con una limitación establecida por el propio constituyente en el artículo 86 de la carta: como regla general, no es procedente la acción de tutela para hacerlos efectivos, todavía que no tienen el carácter de ‘fundamentales’. Así, en principio, la defensa del derecho a la educación y los demás derechos económicos, sociales y culturales se debe  efectuar  a través de los mecanismos de  tipo  legal  trazados  por  el  Congreso de  la República para desarrollarlos, que en la generalidad de los casos, consistirán en programas diseñados con miras a su implementación progresiva: en el contexto de los cuales cabrán distintos tipos de herramientas de índole jurídica, principalmente administrativa; es decir, construyen derechos que no son de aplicación  inmediata  ni  generan obligaciones directamente exigibles al Estado.

En ese sentido, pareciera que el constituyente colombiano adoptó la tesis del avance progresivo de dicho tipo de derechos, excluyendo la posibilidad de hacerlos efectivos  por  vías  judiciales. No  obstante,  la  Corte Constitucional ha explicado que la materialización de los derechos económicos, sociales y culturales es un asunto que depende, en primera instancia, de las decisiones del legislador; por tanto, en principio, no corresponde al juez de tutela intervenir en dicho proceso, dado que implica la adopción de decisiones sobre distribución de recursos económicos y beneficios sociales limitados, correspondientes a los órganos democráticamente elegidos del Estado. En otras palabras, inicialmente, el juez constitucional no está habilitado para adoptar determinaciones que impliquen gasto público, en razón de que esto distorsiona la organización democrática del Estado.

No obstante, lo anterior, en la misma decisión, la Corte precisó  que, en ciertas  hipótesis excepcionales, se puede  hacer uso de la acción de tutela para proteger o defender derechos económicos, sociales y culturales, entre tantos el  derecho a la educación, si se cumplen ciertas condiciones estrictas. Tales hipótesis, según se han desarrollado en la jurisprudencia constitucional, son esencialmente dos:

  1. Cuando se trata de proteger derechos económicos, sociales y culturales que adquieren naturaleza de fundamentales por conexidad, es decir, porque su protección  es necesaria para salvaguardar un derecho fundamental con el cual están ligados; es el caso, por ejemplo, de la protección del derecho a la educación para así proteger el derecho esencial al trabajo y, por ende, resguardar el derecho a la vida en condiciones dignas. En esta hipótesis se encuentran los casos en que se concede la tutela para proteger un conjunto básico de  condiciones de subsistencia humana digna, o “mínimo vital”, afectado por la transgresión grave e injustificada  de derechos de contenido económico y social.
  1. Cuando se trata  de  tutelar  derechos  económicos, sociales y culturales que son fundamentales en sí mismos,   es   decir, aquéllos de los que son titulares los niños, en virtud del artículo 44 de la carta: la salud y  seguridad  social,  la  alimentación, tener una familia y no ser separados de ella,  la educación, la cultura y la recreación, entre otros; con lo cual el derecho a la educación tiene el  respaldo jurisprudencial para su protección, mas no para su correcta implementación a través de políticas públicas.

Ahora bien, al analizar el desarrollo de la educación en Colombia se encuentran unos vacíos importantes, pues a pesar de que han transcurrido más de cuarenta años de haber entrado en  vigor en Colombia el  Pacto  Internacional  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (3  de  enero  de  1976), aún se evidencia que la cobertura en educación para la niñez y los adolescentes no se garantiza en un 100%; además de que la calificación obtenida en cuanto a la calidad de la educación primaria y secundaria, dejó al país muy mal ubicado internacionalmente;  situaciones que deberían motivar políticas públicas correctivas.  Sin embargo,  lo que se observa del Gobierno de turno, por el contrario, es una disminución en el presupuesto de educación e investigación, lo que sin duda contribuirá en forma negativa con el cumplimiento y  garantía  de tan preciado Derecho Humano.

Etiquetas: Educación, Derechos Humanos, Políticas, Capacitación Laboral.

Por Walter Bustos

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8 comentarios en “La educación colombiana en la reforma constitucional de 1991, una visión desde los derechos humanos

  • el 21 marzo, 2019 a las 7:44 PM
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    Conocer la constitución es vital para saber el movimiento político en el país; no obstante, el simple hecho de conocerlo no lo hace efectivo (ni en la práctica ni en la teoría) ya que como lo expresa Sartori (1993), en su libro ¿Qué es la Democracia?, no es simplemente la información de lo político lo que convierte a un ciudadano en partícipe de la cosa pública, es necesario que esa información se convierta en episteme, es decir, en conocimiento efectivo. Por tanto se hace necesaria una educación en dicha cosa pública para que la carga cognitiva no sea una panacea.

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  • el 21 marzo, 2019 a las 1:45 PM
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    Por medio de estos artículos podemos educar a la sociedad y darles a conocer sus derechos, sobretodo el de la educación ya que muchos carecen de las reformas que se hicieron en la constitución la cual le brindo muchos mecanismo de participación a la comunidad.
    Para nadie es un secreto que la educación en Colombia tiene muchas falencias y que el Gobierno no tiene como prioridad este campo tan importante para el desarrollo del país.

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  • el 21 marzo, 2019 a las 11:26 AM
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    Es de suma importancia que se generen este tipo de artículos con el fin de que la ciudadanía se informe, ahora bien, la educación en el país no ha sido la mas fructífera ni mejor para los niños y jóvenes; es relevante que se trabaje arduamente por dar cabida y cumplimiento a la educación, dado que, todas las fallas continuas que tienen afectan en el desarrollo y aprendizaje cognitivo para los pequeños que son el futuro de nuestro país y quieres tendrán el mundo en sus manos. También velar por los niños que ni siquiera tienen la oportunidad de desplazarse a un centro educativo público por los escasos recursos, hay que ejercer un cumplimiento completo ante este ámbito.

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  • el 21 marzo, 2019 a las 10:46 AM
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    Los derechos que tenemos como colombianos son en teoría realizables, empero, el cumplimiento de estos han estado sesgados debido a los malos manejos que se le da a los recursos, es de conocimiento que la educación en nuestro país no es de calidad y en es vulnerada a diario; millones de niños no pueden acceder a este derecho que en ocasiones se termina por convertir en un privilegio. Es difícil exigir cuando desde su reconocimiento como derecho se ha visto como obstáculo la educación. El presupuesto para esta parte vital en la formación del ser cada vez es menor, esto no sólo se debe a que los recursos sean redirigidos a la milicia, sino que el nivel de corrupción que hemos ido aceptando con el paso de los decenios deja en evidencia que estudiantes de primaria en el Chocó, Guajira y lugares poco accesibles compartan un salón con infraestructura dudosa con cuarenta compañeros o incluso cursos mezclados. Más que un derecho la educación colombiana es un privilegio, donde muchas ocasiones para intentar ser vistos los docentes deben recurrir a paros frecuentes velando no sólo por sus intereses sino intentar buscar recursos para sus discentes, quienes en últimas son los únicos beneficiados de un ínfimo presupuesto. Cambiar el imaginario es complejo si continuamos desconociendo nuestros derechos y deberes, este tipo de artículos hacen un llamado a la reflexión acerca de que posición deseo tomar en un país en construcción como lo es Colombia.

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  • el 21 marzo, 2019 a las 10:31 AM
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    Es de gran ayuda que se socializen estos temas en plataformas digitales, pues de está manera hacen que el ciudadano de a pie genere un mayor conocimiento al respecto de estas actuaciones, que por ende, son necesarias para conocer los derechos de cada uno de los colombianos. Es fundamental, mejorar las condiciones participativas de los colombianos, para hacer que el Estado Social de Derecho haga mérito en Colombia.

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  • el 19 marzo, 2019 a las 9:27 PM
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    La Constitución, nos dice que la educación debe ser un derecho para todas las personas y un servicio público, la educación debe ser pública y sobre todo gratuita pero en realidad no se cumple a cabalidad, El Estado debe trabajar de la mano con la sociedad y así hacer cumplir toda esta reforma, lo ideal es que cada aspecto pactado se haga un hecho y se mantenga en pie con el fin de velar por la calidad y por el cumplimiento de sus fines y asegurar la cobertura y la permanencia de las y los educandos en el sistema educativo.

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  • el 19 marzo, 2019 a las 2:11 PM
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    La educación en Colombia considero que es uno de los derechos más vulnerados porque según lo anterior «El artículo 1 de la Constitución consagra que Colombia es un Estado Social de Derecho. El estado colombiano tiene la responsabilidad de hacer que se cumplan sus postulados constitucionales, siendo el derecho a la educación el pilar que debe soportar el desarrollo nacional para cumplir con esos preceptos.» Pero siendo Colombia el sexto país más ignorante del mundo, con mayor problemática y poco apoyo a la educación, ¿Qué tan cierto puedo ser esto?.

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    • el 21 marzo, 2019 a las 10:53 AM
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      La constitución del 91 se creó específicamente para que mejorará la educación en el país y para que otros derechos que debía tener una persona los hicieran cumplir, mediante este mecanismo de control, pero con el paso del tiempo, se puede observar que no se cumple con lo estipulado y establecido allí, pues cada vez la educación está más descuidada, no hay garantías para las poblaciones de mayor pobreza y la clase media hace sacrificios para poder acceder a una educación de calidad, por ello, es necesario que se hagan ajustes no tanto en la constitución, si no en las políticas del gobierno de turno, que en menos de un año ha tenido muchas discusiones con los estudiantes y educandos.

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