La guerrilla y la tierra en Colombia

Andrei Luna Pérez, politólogo.

El conflicto político actual empieza en la década del 60 con la aparición de las guerrillas, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fruto de la exclusión social y política, la distribución desigual de las tierras, y la injusticia social. Entre 1948 y 1965 hubo una guerra tan sangrienta que este periodo se conoce como la ‘Época de la Violencia’. En 1958 el poder se distribuyó entre los dos partidos tradicionales y los demás grupos de presión no pudieron participar en los procesos políticos. Eso tuvo como consecuencia que, a mediados de los años sesenta, se formaran las dos guerrillas de izquierda más importantes hasta hoy: Las FARC y el ELN, que juntas controlan una gran parte del territorio nacional.

Esta oposición armada se enfrenta al ejército regular a las fuerzas de seguridad del Estado y los paramilitares que se han aliado, claramente, con estos últimos. Los paramilitares, a los que se les atribuye una gran proximidad con los latifundistas, son los responsables principales de la subida del número de las violaciones graves de los derechos humanos en 1999. Una y otra vez muchas personas fueron torturadas y mutiladas por fuerzas paramilitares antes de ser asesinadas. La guerrilla aterroriza a la población civil, y el Estado, que debe ocuparse de mantener el orden, no ha logrado controlar las acciones de la subversión.

A esto se suma que la mayoría de las plantaciones de coca están en áreas que se encuentran bajo el control de grupos guerrilleros, lo que hace que las drogas florezcan en territorios sin leyes. Casi la mitad de los cultivos del alcaloide se encuentran en el departamento de Putumayo, al sur, fuertemente controlados por las FARC y, en parte, por los paramilitares. Dando un retroceso en el proceso agrícola, formando una mayor inequidad dentro de ese fenómeno.
Las FARC aún proclaman ser comunistas, pero ahora mezclan el comunismo con el bolivarianismo. La mayor y más fuerte guerrilla de Colombia se volvió más poderosa desde 1982. Aún hoy tiene un enorme poderío militar convirtiéndose en una fuerza armada potente. Su enorme capacidad de movilización le permitió mantener secuestrados e incluso transportarlos de un lado al otro del territorio.

Para demostrar interés en el proceso de paz las FARC entregarán sus armas. Sin embargo, seguirán con su propósito de que cambie la estructura social del país a una en que las riquezas estén mejor distribuidas. Proponen un nuevo sistema democrático para Colombia con justicia social y autodeterminación nacional. Su objetivo principal es la conquista y el mantenimiento del poder basado en un programa agrario de ocho puntos.

Ante la política de “mano dura” de Uribe, los grupos insurgentes se prepararon para la polarización del conflicto: las FARC con su demostración de fuerza tratando de extender el conflicto a varios frentes y de acercar la escalada ofensiva a las ciudades, y el ELN intentando sobrevivir dentro de un contexto de tensión en el que debía confrontar tanto a las Fuerzas Armadas como a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estas últimas, amparadas por las complicidades políticas y por compartir objetivos con los militares, llegaron a un acuerdo con el Gobierno buscando que sus acciones del pasado les fueran perdonadas.

Colombia no es la excepción en la adquisición masiva de tierras en el mundo. El Banco Mundial planteó para nuestro país la formalización de la propiedad y el reconocimiento del despojo y su eventual restitución para dar piso legal a inversiones privadas en el sector agrario colombiano. Al lado de estas medidas la administración de Juan Manuel Santos promueve un estatuto de desarrollo rural que abre las posibilidades de compra y venta de tierras para inversionistas internacionales. Diversas fuentes oficiales reconocen que más de 6.6 millones de hectáreas han sido despojadas mediante el desplazamiento forzado agudizando la desigual distribución de la tierra donde el 1,1 % de los propietarios es dueño del 52 %. Es el país con mayor número de desplazados internos del mundo, entre 4.9 y 5.9 millones de personas.

Los casos de acaparamiento en Colombia han estado acompañados de irregularidades, de corrupción, de violencia, de daños ambientales y la quiebra de pequeños y medianos productores. Se trata de tierras que han sido manipuladas para beneficio propio, por parte de la guerrilla en Colombia, utilizándolas como zonas de retaguardia para beneficio militar y creación de bases sociales y políticas.

El conflicto armado de cinco décadas en Colombia tiene como raíz la concentración de la tierra en pocas manos y la exclusión política. Santos desde septiembre de 2012 anunció como punto de las conversaciones con las FARC el de las tierras o Acuerdo Agrario. La guerrilla propuso que se discutiera el tema del acaparamiento; sin embargo, el Gobierno no estuvo de acuerdo. En los posibles diálogos con la otra guerrilla del ELN se prevé que el tema del suelo y el subsuelo y la inversión sea parte de las discusiones.

Tras 50 años o más de conflicto, ni el Estado ni los grupos armados han conseguido sus objetivos ni la violencia ha llevado a la transformación del sistema económico del país, pero sí a la militarización de la sociedad con los grupos paramilitares como nuevos actores. Un elemento importante es que la sociedad civil colombiana, la principal víctima del conflicto armado, se está involucrando activamente en el Proceso de Paz con propuestas esperanzadoras que buscan el final de la violencia y que crean una dinámica que podría ser germen de integración social en la que la convivencia se imponga a la confrontación y a la violencia.

La tierra es quizá el mayor punto de encuentro entre los diferentes enfoques. El factor agrario como generador de los enfrentamientos entre el Estado y las guerrillas. En la medida que el Estado falla en garantizar la solución a dichas necesidades de tierra, legitima el derecho a la rebelión de los ciudadanos que, siendo llevado a su punto máximo, explica el surgimiento de la insurgencia.

El Ministerio de Agricultura, apoyado en la Unidad de Tierras, la Unidad de Víctimas, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Incoder y todas las instituciones militares y policiales, realizó un juicioso análisis de las tierras despojadas por la subversión. Según el informe, conocido por El Espectador, de las 23.199 solicitudes de restitución que se han recibido a la fecha, en 7.946, es decir el 38 por ciento, figuran las FARC como las causantes del despojo. En el Tolima se han recibido 1.943 solicitudes, de las cuales 1.267, el 67 por ciento, de los afectados dicen haber abandonado sus predios por cuenta del accionar de esta guerrilla.

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