Participación, directo a una solución

Las personas que viven situaciones de desplazamiento y demás hechos victimizantes por parte de grupos armados, e incluso del mismo Estado, después de su destierro emprenden la búsqueda de un lugar seguro para sus familias. Es ahí cuando inicia la encrucijada de ‘nómadas obligados’ deambulando por el país.

Las víctimas, con el empuje que caracteriza a todos los colombianos, empiezan un nuevo camino con el fin de retomar su vida. Al llegar a un lugar y aunque las condiciones no sean las mejores debido a sus circunstancias, se plantean metas y nunca pierden sus sueños.

Johanna Carranza Rodríguez – desplazada de Puerto Rico, Meta – es una de las víctimas del conflicto armado colombiano que tras años de lucha ha conseguido que le reivindiquen uno de los derechos primordiales.

Carranza y su esposo, Nelson Delgado, declararon en 2006, en la Personería de Metrosur junto a otro grupo familiar. En aquel entonces, las dos familias quedaron registradas como un solo núcleo. Lo cual fue un impedimento para que su proceso de adquisición de vivienda evolucionara, puesto  que la otra pareja de esposos partieron de Bogotá meses después con sus hijas y para ese tiempo era necesaria la firma de estos, en aras  de tramitar vivienda como víctima del conflicto armado.

La familia Carranza Delgado se estableció en Altos de la Estancia, sector del sur de Bogotá. Allí, poco a poco fue  adaptándose a la vida en la capital. Transcurrieron los años y ellos no perdieron la esperanza de obtener un lugar propio dónde vivir, aunque no veían avances mayores al respecto.

Atenta y participante

Ya en la administración de Gustavo Petro, Johanna decidió hacer un nuevo esfuerzo y después de  ser asesorada por  un funcionario de la Secretaría de Hábitat, emprendió su camino hacia la reivindicación de su derecho a la vivienda digna. Se acercó a la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz, y la Reconciliación (ACDVPR)  y allí obtuvo el acompañamiento jurídico para iniciar el proceso de adquisición  de un techo.

Johanna y su familia fueron beneficiarios de vivienda y desalojados de Altos de la Estancia debido a que esta zona, según el estudio emanado del Distrito, era de riesgo. Equipos Comunitarios para la Acción Humanitaria y de Desarrollo (ECOPAD) pagó el primer mes de arriendo para esta familia y los meses siguientes lo ha seguido realizando la Alta Consejería para la Paz, mientras le es entregada su vivienda.

La mencionada afectada sostuvo que estuvo muy atenta y fue participe de las reuniones llevadas a cabo por la ACDVPR y  que fue así como pudo encaminarse como defensora de sus propios derechos como ciudadana. Actualmente, sigue asistiendo a encuentros de esta dependencia adscrita al Despacho del Alcalde Mayor.

 Por: María Fernanda Barreto

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