Trece años de impunidad

Después de un accidente laboral la vida de Querubín Guzmán cambió radicalmente

Querubín Guzmán Ayala padeció un accidente de trabajo, según lo establecido por la Ley 100 de 1993 con el artículo 9 del Decreto 1295 de 1994, el 7 de mayo de 1999 mientras cumplía con su labor de ayudante recolector de basuras, en horas de la mañana. El tractor compactador presentaba para la fecha, fallas mecánicas en la bomba de inyección, descuido que desembocó en una tragedia.

Mientras Guzmán laboraba, resbaló y su bota izquierda quedó apresada junto con el pantalón en el camión de basuras, lo que destrozó en continuidad el pie, la tibia y la rótula, es decir, media pierna arruinada totalmente y peor aún, sobre el entonces basurero del municipio de Melgar, lugar donde reposó el accidente con la herida abierta por más de una hora – de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. – hasta que pudo ser trasladado a la Central de Urgencias del municipio, desde donde lo remitieron al hospital San Rafael de Girardot (Cundinamarca). Allí, según narra Gerónimo Díaz, yerno del accidentado, no le fue brindada la atención que el paciente requería con premura, por el contrario, las circunstancias en las que los familiares lo encontraron fue “desnudo botado en una camilla” –afirmó Díaz-, en el rincón de una habitación con los tejidos de la piel aún desprendidos de su pierna, sin haberle prestado atención por dos horas, para después, darlo por desahuciado.

El cirujano de la Universidad Libre de Colombia -Seccional Cali-, el médico Marco Antonio Martínez dijo que la labor del médico no permitía dar por desahuciado a un paciente así su diagnóstico fuera precario, puesto que en función de enaltecer el derecho a la vida, no se deben escatimar esfuerzos para salvar una persona. Sin embargo, para 1999 esto no fue suficiente. A Guzmán Ayala, el 10 de mayo del mismo año, se le emitió un parte médico que dictaminaba síndrome de gangrena, proceso patológico en el que existe necrosis de un tejido o de un órgano; “enfermedad fulminante –aseveró el médico Martínez- que depende de horas y minutos para expandirse” y a la que se le dio atención diez días después. El 20 mayo el nuevo dictamen médico del paciente fue de amputación transfemural de su miembro inferior izquierdo.

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de la Administración de Melgar (Tolima) a la que pertenecía el accidentado, la entonces Empumelgar, no se mantuvo atenta al caso, arguyendo posibles problemas de manejo inadecuado de los recursos del municipio, debido a que en ese año, Melgar tuvo 11 alcaldes destituidos circunstancialmente por sospechosos manejos administrativos. En mayo de ese año el responsable del despacho municipal era Armando Leal, quien fuera detenido durante ese periodo por corrupción. Así, la situación de la Alcaldía estaba afrontando una inestabilidad gubernamental que pagó en parte el caso de Querubín Guzmán, al no hacer seguimiento al proceso que la ARP encargada, estaba llevando.

Querubín Guzmán Ayala mostrando su prótesis nueva. ​ Foto: Mariana Ariza
Querubín Guzmán Ayala mostrando su prótesis nueva. ​
Foto: Mariana Ariza

El 23 de junio de 2000, mediante Resolución N° 000187 de 2000, el Instituto de Seguros Sociales en uso de sus facultades legales establecidas bajo el artículo 163 de la Ley 100 de 1993 y conforme a lo dispuesto por el artículo 41 de la misma Ley, declaró que Guzmán después del accidente tuvo disminución de su capacidad laboral en un 40.05%, hecho por el que fue indemnizado con $7, 599,384 acorde a lo dispuesto por la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003.

La ley del acomodo

Con 284 semanas cotizadas, 50 años (en el momento del percance), nivel 1 del Sisbén, 13 hijos (6 menores para 1999), sin su pierna izquierda, sin vivienda propia y con una prótesis defectuosa, a Querubín Guzmán no le fue otorgada la pensión de invalidez porque según el Seguro Social, la pérdida de la capacidad laboral debe ser igual o superior al 50% para concederla.

La asesora jurídica Nubia Reyes ha venido trabajando voluntariamente este caso desde 2002,porque considera que “fue una persona completamente abandonada por todas las instituciones tanto del municipio como del Estado mismo y a la que se le fueron vulnerados varios de sus derechos fundamentales”. A lo que agregó, “lo despidieron sin justa causa como se puede demostrar en la carta que le presentaron por terminación de contrato… no siguieron el procedimiento como se debió haber solicitado ante el Ministerio de Trabajo, sumado a que él inicio una tutela y realmente no se le reconoció su derecho al trabajo”.​

El primer beneficio que la asesora jurídica logró disponer para el caso, fue una nueva prótesis que llegó a manos de Guzmán en 2005, lo que mejoró su calidad de vida considerablemente.

El contrato individual de trabajo que Empumelgar firmó en vinculación de trabajador oficial a la empresa, el 1 de septiembre de 1996 por el entonces Gerente de la compañía, Luis Alberto Nieves Silva, con un salario de $243,690 mensuales, regido por el Código Sustantivo de Trabajo conforme al Decreto Ley 2351 de 1961, manifestaba que Querubín Guzmán quedó contratado a Empumelgar por ‘término indefinido’. Sin embargo, tres años después del incidente, el 11 de enero de 2002, el trabajador recibió una carta de despido firmada por José Alfonso Torres Ospina, Jefe Administrativo de la empresa de servicios públicos, con motivo de renuncia por concepto de “terminación del contrato fijo por dos años” arguyendo que el contrato se firmó en 1996 bajo esas condiciones. Aquí, el mínimo nivel de alfabetización del trabajador le permitió a la empresa disponer de su actividad laboral por encima de los paramentos legales inicialmente establecidos.

 Una de las nietas de Guzmán Ayala, quien aparece junto a la casa de su abuelo. Foto: Mariana Ariza

Una de las nietas de Guzmán Ayala, quien aparece junto a la casa de su abuelo. Foto: Mariana Ariza

Evidentemente el caso de Guzmán Ayala ha presentado diferentes irregularidades. Elvert Ariza Sarmiento, miembro activo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Cajas de Compensación Familiar (SINALTRACAF) opina con respecto al caso, y manifiesta el mal proceder del afectado frente a la aceptación de las decisiones en su proceso. “Él no debió haber recibido y firmado el monto de la indemnización del Seguro Social, debió haber procedido a apelar la resolución, a lo cual tiene todo el derecho. Sin embargo, al firmar el trabajador como persona natural asume las condiciones que la empresa disponga jurídicamente”. De igual manera, Ariza Sarmiento manifestó que el tiempo que este caso lleva en la impunidad complica el proceso de hacer justicia y de exigir la pensión de invalidez que requieren las circunstancias del proceso.

Además, el sindicalista cuestiona la falta de veedurías públicas en Melgar y el total desconocimiento de la Alcaldía municipal respecto de la única veeduría que existe para la municipalidad, bajo la dirección de Néstor Solarte Betancourt, de quien la comunidad no da razón alguna.

En búsqueda de proporcionar una mejor calidad de vida para la familia de Querubín Guzmán, su hija mayor solicitó a la Administración municipal, el 30 de octubre de 2008, un mejoramiento de vivienda que a la fecha, no ha emitido ninguna respuesta de aprobación.

Después de la incapacidad física del accidentado y su retiro de Empumelgar, la empresa fue privatizada en los años posteriores, vendida a la actual Hydros Melgar.

Hoy Querubín Guzmán tiene 63 años y aunque padece constantemente de discriminación laboral, no ha permitido que su situación lo abrume, aún después del abandono de su esposa, Guzmán vive por sus hijos y en función de no perder el espíritu, ve en ellos el polo a tierra de su pierna izquierda.

Por: Mariana Ariza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *