La salud, un derecho fundamental

El precario Sistema de Salud en Girardot, pone en jaque a funcionarios y usuarios.

 

Antiguo Hospital San Rafael, ubicado en Girardot, ahora llamado Clínica San Rafael Dumián. Foto por Mónica Gutiérrez

 

El actual Sistema de Salud, está reglamentado por la Ley 100, expedida el 23 de diciembre de 1993, la cual busca que la salud en el país sea totalmente equitativa; pero, ¿cómo es la situación actual del acceso a la salud por parte de los colombianos? Sin lugar a dudas, el sistema ha colapsado.

Sin embargo, para el Gobierno, el problema continúa siendo un asunto financiero; aunque para los usuarios se trata de un problema de estructura: visiones muy diferentes, tanto de las causas de la crisis como de las soluciones. Dichas diferencias se expresan en las iniciativas legislativas que cursan actualmente en el Congreso de la República.

En Girardot,  el panorama no es distinto, pues uno de los centros asistenciales con mayor cobertura para los beneficiarios del Régimen Subsidiado en salud, la Clínica San Rafael Dumian, ha deteriorado en demasía su servicio.  “Para una cita nunca hay agenda, y cuando se trata de procedimientos quirúrgicos o exámenes, se tardan hasta tres meses en dar autorización” (sic), así lo expresó la lugareña Daniela Córdoba.

Tristemente, los organismos de control tienen pocos recursos para detectar la corrupción y castigar fuertemente a quienes se apropian de dineros destinados al sector hospitalario.  A su vez, el psicólogo Oswald Reyes mencionó que “si la comunidad no alza la voz  y denuncia tales atropellos, es muy difícil que los entes reguladores puedan cooperar con la causa” (sic).

El régimen contributivo es el conjunto de normas que orienta y rige la afiliación de la población con capacidad de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Mientras que el régimen subsidiado concierne a la población sin capacidad de pago, del que se encarga el Estado directamente.  Collage por Mónica Gutiérrez

 

Empleados inconformes

No obstante, el número de tutelas interpuestas indican los problemas regulatorios del sistema público y privado; pues no sólo el servicio es deficiente para los beneficiarios, sino, también, para los  colaboradores que han evidenciado inconsistencias en el pago de su nómina. “En repetidas ocasiones la entidad se atrasa con los honorarios y algunos trabajadores han tenido que doblar su personal” (sic), aseguró la enfermera Diana García.  

Asimismo, la negación de servicios por parte de las EPS es resultado del insuficiente número de médicos que dan respuesta a la demanda de atención en salud. Mientras tanto, gran parte del talento humano, que se encuentra trabajando actualmente en los diferentes centros de salud, se enfrentan a jornadas de trabajo extenuantes: vinculados a dos o tres empleos diferentes para lograr un salario medianamente decente, que permita cubrir  sus necesidades.

Garantizar el acceso, mejorar el sistema y otros temas son parte de la agenda de un congreso para hablar sobre la salud pública después del conflicto. Collage por Lizeth Villarreal

 

 Negligencia por parte de los profesionales

“Cada vez que voy a una cita se nota la incompetencia del cuerpo médico, solo formulan acetaminofén y ni siquiera se toman el tiempo para revisar al paciente de manera adecuada y acertada” (sic), acotó Mariana Díaz, usuaria del servicio de salud. Así como ella, son centenares de  girardoteños los inconformes con la atención médica y el servicio oportuno prestado por entidades de salud como Convida, Comparta y Medimás.

Juan Carlos Mora, gerente de Convida, manifestó que “la entidad ya está adoptando planes de emergencia para atender a sus usuarios, remitiéndolos a la red de salud privada en Bogotá, cuando se trata de cirugías”. Sin embargo, los pacientes que no son de urgencia, se siguen atendiendo en la Clínica San Rafael Dumián de Girardot, por medio de cita prioritaria.

Al parecer, la Ley 100 cambió el concepto de salud y lo introdujo como una mercancía, quedando sujeta a ser un bien transable del que los inversionistas privados, únicamente por servir como intermediarios, obtienen ganancia. El problema de dicho modelo es que acrecienta la inequidad, incrementa el gasto sin mejorar la calidad y se interesa muy poco por el bienestar y la satisfacción de los pacientes.

Entre tanto, se espera que el Congreso de la República pronto incline la balanza hacia algo más equitativo y de mayor satisfacción para los ciudadanos, aplicando la garantía de la salud como derecho fundamental y la completa eliminación del ánimo de lucro en la administración o intermediación de las entidades privadas.

Etiquetas: Salud, Pacientes, Régimen Contributivo, Sisbén, Corrupción

 

Caricatura por Lizeth Villarreal

Por: Lizeth Villarreal – Mónica Gutiérrez

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