La medida de ‘toque de queda’ tiene su historia

Dimensiones y alternativas del flagelo de menores infractores

Combatir la delincuencia juvenil se ha convertido en un verdadero problema para las instituciones políticas en Girardot. La comunidad no quiere acatar las normas.

Los niños o jóvenes que sean hallados consumiendo bebidas embriagantes tendrán ayuda psicosocial en compañía de sus padres en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Foto: Martín León
Los niños o jóvenes que sean hallados consumiendo bebidas embriagantes tendrán ayuda psicosocial en compañía de sus padres en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Foto por Martín León

El comportamiento problemático de los adolescentes es motivo de preocupación para las instituciones dedicadas a la educación y a la impartición de justicia, en el país, especialmente, en Girardot. En cada una de estas instancias se han desarrollado estrategias de intervención diseñadas con el propósito de reducir procedimientos o al menos para promover conductas alternativas ajustadas. Lo preocupante es que, en los últimos siete años, han sido capturados 171.000 menores de edad, en Colombia. Este año van 300 por homicidio. Entre 15 y 17 años, la edad del mayor número de infractores, según el diario El Tiempo.

La delincuencia juvenil es un problema con diferentes facetas. Se trata de un problema social, en cuanto que representa un fracaso de la sociedad en la educación de sus nuevos miembros, además de constituir un riesgo que atenta contra el Estado de Derecho, el respeto de las instituciones, las reglas para la convivencia pacífica y la seguridad de los ciudadanos. Además, trae consecuencias económicas, cuando las actuaciones delictivas atentan contra el patrimonio y la propiedad privada o cuando promueven una renta basada en negocios ilícitos como el narcotráfico, el secuestro, el robo, el fraude y el chantaje.

El problema

Para Yojana Ibáñez, coordinadora de Bienestar Universitario, los comportamientos delictivos más frecuentes en los jóvenes se relacionan con el estupro y otras ofensas sexuales, el robo y los asaltos, así como con infracciones vinculadas a la posesión, el consumo y el tráfico de drogas. Es más frecuente observar estos comportamientos en varones de clase media y baja, con poca escolaridad. Normalmente, provienen de hogares desintegrados o en los que uno o ambos padres manifiestan también conductas antisociales. Muchas veces provienen de barrios característicos, donde proliferan las pandillas. “Las constelaciones familiares disfuncionales tienen muchas situaciones cuando se imparte la educación por terceros; la ausencia de normas hace que frecuenten lugares públicos”, reafirmó la psicóloga.

“La atmósfera familiar de los jóvenes delincuentes también se argumenta que es un factor responsable de su conducta inapropiada”: Yojana Ibáñez.

Investigaciones iniciales como las de Partridge, consideran que el rechazo, generalmente de la madre, es un factor causal de tal fenómeno. También plantea el rechazo, pero del padre, y reporta una fuerte ligazón entre la presencia de conducta psicopática y la necesidad emocional que produce el conflicto con los progenitores, la brutalidad, el castigo errático y la falta de creencia. Factores que empujan a los menores a salir de su reducto, por lo que estas emociones hacen presión para que se den acciones correctivas y el crimen es una posible respuesta.

La medida institucional

Teniendo en cuenta la problemática expuesta, la Administración de Escobar mediante el decreto 45 de 2013, restringió la circulación de menores de edad en espacios públicos entre las diez de la noche y las cinco de la mañana. Quienes fueran sorprendidos por las autoridades, serían trasladados hasta la ‘Fundación Manantial de Vida’, donde estarían hasta las ocho de la mañana. Por consiguiente, los padres de estos niños debían firmar un acta de compromiso. Esto, “con el ánimo de proteger a los jóvenes de ambientes delictivos, en materia de seguridad y alejarlos de las malas prácticas como el pandillismo”, expresó el secretario de Gobierno, Geovani Ortiz.

El equipo regulador está conformado por la Secretaría de Gobierno, la Casa de Justicia, la Comisaria de Familia, la Secretaría de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia. Foto: Adriana Villalba
El equipo regulador está conformado por la Secretaría de Gobierno, la Casa de Justicia, la Comisaria de Familia, la Secretaría de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia.
Foto por Adriana Villalba

Sin embargo, al funcionario le preocupa que la comunidad no haya atendido al llamado de la Policía de Infancia y Adolescencia, pues en lo que va corrido de 2016 se han capturado más de 260 menores, que siguen frecuentando los sitios públicos. Por su parte, las entidades comerciales que vendan licores a los menores, se verán abocadas a cierres permanentes de hasta treinta días. En general, “nos conviene que la norma se aplique, porque nos abolen un problema como establecimientos nocturnos” (sic), aseguró Alejandro Rodríguez, propietario del Bar ‘Salón Caimán’.

La norma establece que los padres de los menores que reincidan en la violación de ella, deberán acudir a una Comisaría de Familia con el fin de adoptar otras medidas. En caso de persistir la conducta, los acudientes podrán ser multados con sanciones monetarias que van desde uno hasta cien salarios mínimos diarios legales vigentes. Puntos normativos que Juan Carlos Carranza, padre de familia, apoya con admiración, pero reclama que no se ha implementado la pedagogía en los hogares sobre el conocimiento del precepto legal.

El ‘toque de queda’ es una decisión que un gobierno adopta como medida excepcional en situaciones en las que hay una agitación social con cierto peligro. Por esta razón, el abogado especialista en Derechos Humanos, Wálter Bustos, afirmó que “los decretos o se pueden limitar o son permanentes”, puntualizó que “las entidades públicas tienen la facultad de sacar resoluciones conforme a las necesidades de su municipio y mientras estén vigentes, los obliga a hacerlas cumplir. Hace parte de poder de las administraciones locales”.

“Importante crear un Estatuto del Menor que reunifique toda la legislación existente y avance en lagunas todavía pendientes”: Geovani Ortiz.

Según Bustos, los últimos cambios legislativos para proteger a los menores han venido a poner coherencia, y a reforzar, una normativa que, para algunos sectores, todavía carece de cierto orden y se encuentra bastante dispersa cuando se trata de conocer hasta dónde llega la capacidad de obrar y los derechos y obligaciones legales de niños y adolescentes, sobre todo entre los 16 y 17 años, e, incluso, antes: en tanto ya se sienten “menores maduros”.

Sin duda, la conducta antisocial y delictiva de los jóvenes representa un problema complejo y un reto para muchos grupos organizados, que luchan por mejorar las condiciones de vida de la población en general y la de sus comunidades. No es un problema reciente y, por ello, se cuenta con algunas instituciones que fortalecen la experiencia sobre la forma en que se ha enfrentado.

 

Etiquetas: Toque de queda para menores en discotecas de Girardot, ‘Freno en seco’ a menores de 18 años en Girardot, Nueva política pública para menores de edad, Restricción a circulación de menores en Girardot

Por Adriana Villalba Urquijo y Martín León Ávila

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